SURda

Opinión

Honduras

 

Marcos Roitman Rosenmann

 

Comprendo perfectamente el motivo por el cual el poder político mediante sus organizaciones paramilitares, dependientes del gobierno hondureño, ha decidido acabar con la vida de Berta Cáceres. Igualmente no me llama la atención el silencio cómplice de quienes piden respeto por los derechos humanos en América Latina, se declaman demócratas y no levantan su voz cuando se trata de una dirigente de organizaciones populares, cuya labor era reconocida internacionalmente. En Honduras, desde 2002 a 2014 han sido asesinados 111 activistas, pero nada de ello es relevante para personajes que sólo tienen ojos para las trasnacionales, los centros de poder, la banca y los poderes facticos. Me refiero a quienes desde el púlpito lanzan soflamas incendiarias contra los gobiernos populares y solicitan la puesta en libertad de condenados por sedición como el caso del venezolano Leopoldo Lopez, corresponsable de la muerte de 43 personas en la asonada conocida por la salida , diseñada para derrocar al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Ex presidentes como Álvaro Uribe, José María Sanguinetti, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo, Jose María Aznar y Felipe González, comprometidos con asesinatos, actos de corrupción, tráfico de influencias, venta de armas y persecución política, han enmudecido ante este acto de violencia de Estado. Ellos no se pronuncian, aunque se intercambien condecoraciones, conferencias, dinero, mucho dinero, y viajen por el mundo sin temer por sus vidas. Están blindados, gozan de impunidad. Son responsables de la matanza de Acteal en México, los GAL en España, leyes de amnistía para tapar las vergüenzas de crímenes de lesa humanidad en Brasil, Uruguay o Chile, la persecución a los pueblos originarios, movimientos campesinos, pro derechos humanos, ambientales o estudiantiles.

En esta ocasión, miran hacia otro lado. No hay condena al gobierno de Honduras, no piden responsabilidades, no se rasgan las vestiduras. Igualmente, medios de comunicación, periodistas, partidos políticos socialdemócratas, liberales, conservadores, ni de izquierdas ni derechas, tan beligerantes y custodios de la paz y la democracia, unidos cuando se trata de juzgar a gobiernos populares, siguen sin articular palabra. Será que Berta Cáceres no merece su atención. Era una campesina, dirigente popular, persona incómoda, una luchadora social que había logrado junto a sus correligionarios paralizar los megaproyectos como la Represa de agua Zarca, financiada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y empresarios chinos. Todo un éxito para quien era sometida a presiones y amenazas. Nunca se amilanó, respondió con dignidad, sin miedo, consciente del peligro puso nombre y apellido a los oligarcas, golpistas y terratenientes que patrocinaban los megaproyectos.

Berta Cáceres no era desconocida; sus acciones en la defensa del entorno y los derechos humanos le supusieron en 2015 la obtención del premio Goldman de medio ambiente, conocido como el Nobel verde . Su voz era respetada. Había sufrido múltiples detenciones arbitrarias desde el golpe cívico-militar que destituyó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Integró el Frente Nacional contra el Golpe Militar y puso al descubierto la trama sobre la cual se levantó el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti. Señaló a los militares como los responsables de matar a dirigentes sindicales, campesinos y trabajadores contrarios al golpe.

En entrevista concedida al periodista mexicano Mario Casasús, para la página web Desinformémonos , declaraba en 2010: “Hemos denunciado que hay una militarización en todo el país, no sólo por parte del ejército hondureño y la policía local, sino por las tropas estadunidenses que realizan sus maniobras conjuntas con el ejército de Colombia en Islas de la Bahía (norte de Honduras); quieren imponer una lógica de aceptación del militarismo parecida a Colombia, nosotros hemos sido víctimas del hostigamiento –en las comunidades indígenas– de las tropas estadunidenses de Palmerola; esto no lo habíamos visto, llegan tropas del ejército estadunidense a fiscalizar nuestras oficinas. Vivimos un terrorismo de Estado; han asesinado a compañeros del COPINH, tenemos compañeros presos, nos han decomisado documentos, nos han golpeado, desalojado y reprimido. Ante todo esto, la respuesta digna de los pueblos indígenas es: más resistencia, más organización, más organización y más propuestas”. Y cerraba con estas palabras: Estamos en plena lucha en el río Gualcarque en la sierra de Puca Opalaca, donde los magnates golpistas Fredy Nazar y Miguel Facussé quieren adueñarse de esos ríos que son de las comunidades lencas, los pueblos indígenas tienen títulos comunitarios y los oligarcas quieren privatizar las tierras y aguas. Nosotros no hemos dejado la lucha; es difícil porque enfrentamos a los madereros que viven en la impunidad; hemos expulsado a 30 industrias explotadoras de madera, hemos detenido proyectos hidroeléctricos trasnacionales, además hemos aumentado la participación del pueblo en las radios comunitarias .

Comprendo los motivos del silencio del poder tras su asesinato, la complicidad de personajes abyectos que lo patrocinaron, reciben migajas, viven en la mentira y se regocijan con su muerte. Es su odio, su indignidad y, sobre todo, su pertenencia a una clase social capaz de dar golpes de Estado, torturar y ejercer terrorismo de Estado. Traidores a su pueblo, viven en el estiércol.

Berta Cáceres los retrató y no lo soportaban. El pueblo hondureño y los pueblos de nuestra América la recordarán siempre, pero no dejaremos de pedir justicia para que sus ejecutores materiales e intelectuales sean apresados y condenados. La voz del pueblo no se enmudece.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/07/opinion/020a2pol

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HONDURAS

Ante el asesinato de Berta Cáceres

COLECTIVO

Sábado 5 de marzo de 2016

[ La militante ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, fue asesinada este jueves en la madrugada en La Esperanza, en el oeste del país. Berta Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos .]

Nosotros, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), adscritos a diferentes carreras de las Ciencias Sociales, en el ejercicio de nuestro derecho a expresarnos libremente, nos pronunciamos en los siguientes términos:

Condenamos energéticamente el vil, cruel y cobarde asesinato de Berta Cáceres, perpetrado en su casa donde habitaba, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en la madrugada del día 3 de marzo.

Berta, mujer, indígena, luchadora por la defensa de derechos humanos y ambientales, se ganó a pulso la confianza, respeto y admiración de sus comunidades, del pueblo hondureño y de la comunidad internacional.

Por su lucha en defensa del territorio Lenca fue sistemáticamente amenazada y perseguida por el Estado hondureño, grupos paramilitares y diversos sectores de la empresa privada como la que construye el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la transnacional china SINOHYDRO y la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA), Grupo financiero FICOHSA, COPRECA, S.A. de C.V. Empresas dedicadas a inversiones hidroeléctricas y extractivas que conducen a la apropiación y destrucción de los recursos naturales, patrimonio ancestral de esas comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares con el propósito de proteger su vida. Medidas que el Estado hondureño incumplió y que hoy se evidencia con el certero asesinato político de Berta.

Ante tal situación:

Denunciamos la irresponsabilidad del Estado hondureño al no cumplir con su obligación fundamental de tutelar y proteger los derechos humanos del pueblo hondureño.

Denunciamos que la sistemática violación a los derechos humanos de defensoras y defensores ambientalistas del país es un hecho que se ha intensificado a partir del golpe de Estado. Así lo evidencian las diversas violaciones a derechos humanos y crímenes perpetrados, que oportunamente han sido denunciados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como las instituciones del sistema internacional de derechos humanos.

Denunciamos al Estado y gobierno de Honduras por no acatar la resolución de organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien dictó medidas cautelares para la protección de la vida de Berta Cáceres.

Denunciamos la actitud cínica que el gobierno de Honduras y miembros de la empresa privada asumen al criminalizar a mujeres y hombres que lideran la defensa de derechos humanos y ambientales al acusarles de desprestigiar la imagen de Honduras.

Exigimos al gobierno de Honduras el respeto a la integridad de Gustavo Castro Soto, sociólogo mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), que resultó herido durante la operación criminal contra Berta Cáceres , logrando sobrevivir y por eso convertirse en un actor fundamental para el esclarecimiento de este asesinato político.

Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en vista de que Berta Cáceres estaba bajo un régimen especial de protección de medidas cautelares establecidas y notificadas al Estado de Honduras, promueva una investigación pertinente para este caso.

Solicitar al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise las recomendaciones al Estado hondureño relacionadas con la protección de los defensores de derechos humanos a fin de exigir su fiel cumplimiento.

Exigimos justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Que sea investigado de manera independiente y seria por parte de instancias internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para que este asesinato político no sea disfrazado como un crimen común y quede, como todos los demás, en la impunidad.

Nos solidarizamos con la familia de Berta, con el pueblo lenca, con el COPINH y con todas las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y ambientales.

Invitamos a toda la Comunidad Universitaria a condenar este hecho y a sumarse de forma activa con exigencias de justicia. Dado en Ciudad Universitaria a los tres días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

4/03/2016

Docentes de las carreras de Antropología, Historia y Sociología de la UNAH